Heriberto Martínez
Otero & Ian J. Seda-Irizarry | En este breve ensayo pretendemos ofrecer
un vistazo general e inmediato de la situación socioeconómica de Puerto Rico,
reconociendo que la misma no puede comprenderse en su totalidad sin examinar
las dimensiones históricas, institucionales y políticas dentro del marco del
desarrollo desigual de un capitalismo global. Es por eso que no tratamos
explícitamente la relación colonial con los Estados Unidos ni proveemos un
análisis estructural de la economía de la isla (estas dimensiones las
trataremos en un escrito comprensivo posterior). Nuestro interés inmediato
radica en presentar un retrato coyuntural que pueda servir como punto de
partida para los interesados –sean activistas, académicos o militantes de
partidos– que quieran aproximarse a la realidad puertorriqueña y que quieran
insertarse en el debate sobre posibles soluciones.
Economía en crisis
La economía de Puerto Rico entró en su noveno año de
contracción económica –lo cual está teniendo impacto directo en el erario, el
gasto social, y la deuda pública– como resultado de varios factores, como el
colapso de la burbuja de la construcción, el desmantelamiento del modelo de
desarrollo industrial, y la firma del CAFTA-DR. La situación se agravó con la crisis financiera
del 2008, resultando en la contracción del crédito a pequeñas y medianas
empresas, las cuales comenzaron a cerrar debido a la cancelación de líneas de
crédito y a la imposibilidad de autofinanciamiento. El Producto Nacional Bruto
real se redujo drásticamente (una caída promedio de -2,0% anual durante los
pasados 8 años), se han destruido cerca de 270.000 puestos de trabajo, la
criminalidad llegó a niveles récord, y la migración a los Estados Unidos se convirtió en la
alternativa próxima de la
ciudadanía para escapar de la crisis.Austeridad expansiva
En el año 2009, entra al gobierno una administración del
Partido Nuevo Progresista de corte conservador, que argumentaba que el problema
económico de Puerto Rico se basaba en las “distorsiones” que generaba la
gestión pública de la economía, limitando la competitividad y productividad de
los “factores de producción” locales. Este nuevo gobierno anclaba su política
pública en el sector empresarial privado del país y del exterior, el cual
exigía cambios estructurales que le permitiera tener un mejor clima de negocios
y un ambiente favorable para la inversión privada. Esta petición fue
correspondida con políticas de ajuste estructural, como el despido de 30 mil
empleados públicos (Ley
7 del 2009), reforma contributiva favorable a las rentas más altas,
aumentos en la matrícula universitaria, y privatización de patrimonio público.
El problema de la aplicación de las políticas de austeridad
en Puerto Rico, aparte de los problemas teóricos ampliamente conocidos, es que
la economía se caracteriza por ser periférica, dependiente de los Estados
Unidos, y tiene varios puntos de extracción de riqueza. El ejemplo más
ilustrativo es el desequilibro en la balanza de pagos, debido a que las
empresas de manufactura intensiva en capital en el país extraen una tercera
parte del Producto Interno Bruto a través de la repatriación de ganancias hacia
los Estados Unidos (cerca de $35mil millones anualmente).
Deuda pública
Los recortes en el gasto público tuvieron un efecto
multiplicador negativo sobre la economía, dado que no tuvo contrapeso con un
aumento en la inversión del sector privado. La profundización de la crisis,
sumado al cierre del crédito, llevaron al gobierno a hacer emisiones de deuda,
las cuales alcanzaron los 16.000 millones de dólares, lo que representa el 22%
de la deuda total y del producto nacional bruto. En otras palabras, más de una
quinta parte de la deuda total del país fueron emisiones de bonos y líneas de
crédito que abrió el sector público para contener la agudización de la caída
económica que el propio gobierno auto-infligió con la aplicación de la
austeridad expansiva.
Debemos destacar, que aparte de la deuda, esta
administración contó con apoyo de 6000 millones de dólares (8.6% del PNB)
provenientes del rescate financiero de la administración Obama (American Recovery and Reinvestment Act), además de liquidez
inyectada a la banca local para evitar la descapitalización. Los cálculos más
conservadores estiman que en cuatro años, la economía de Puerto Rico fue
inyectada con más de 25.000 millones de dólares, lo que nos lleva a pensar que las
políticas de austeridad pudieron tener consecuencias peores.
Devaluación de crédito: aumento en el servicio de la deuda
En el año 2013, el Gobierno conservador es sustituido por
una administración del Partido Popular Democrático de corte socio-liberal, la
cual se comprometió a detener los despidos en el sector público, pero dejaba
todo lo demás (convenios colectivos, aumentos salariales, consolidación de
agencias) sobre la mesa de negociación. Con el nuevo Gobierno, llegaron
degradaciones inmediatas por parte de las empresas evaluadoras del crédito
(Moody’s, S&P, Fitch), lo cual provocó que se cerraran los mercados de
deuda para el Gobierno de Puerto Rico, y una caída en el valor de sus bonos en
el mercado secundario. Además, muchos de estos bonos
tenían cláusulas de aceleración, lo que complicó el panorama
debido a que esta deuda que maduró al momento de la degradación, no estaba
contemplada en los libros como un gasto, pero tuvo un impacto directo sobre el
presupuesto, ante la imposibilidad de refinanciar esta deuda con una nueva
emisión de bonos.
El servicio de la deuda se duplicó de un año a otro, lo que
resultó en recortes en el gasto público, a la vez que iniciaba el debate en
torno a si se debía reestructurar la deuda, o mantener el pago bajo las
condiciones iniciales pactadas con los acreedores. De este debate
surgieron propuestas de partidos políticos minoritarios y
proyectos de ley para facultar al gobernador de turno con los poderes
necesarios para declarar una moratoria en el pago de la deuda, auditarla y
renegociarla. De estos, el único proyecto que llegó a convertirse en ley se le
conoció popularmente como “Ley de Quiebra Criolla”, en la cual se creaba todo
el marco legal e institucional para que Puerto Rico pudiera decretar la
renegociación sin la necesidad de apelar a los foros federales. La ley
fue declarada inconstitucional el pasado 6 de julio bajo
el argumento de “campo ocupado” (preemption), debido a que la Ley Federal de
Quiebras era explícita al excluir a Puerto Rico y sus municipalidades de la
protección federal para la reestructuración de deuda.
La interpretación estricta y literal de la ley deja a Puerto
Rico con pocos espacios de posibilidad para trabajar con su elevada deuda
pública y su bajo crecimiento. En la coyuntura actual, la amenaza de impago es
la única alternativa visible para convocar a los acreedores a un proceso de
renegociación de los términos de la deuda. El problema de este mecanismo fuera
de protección legal es que con toda probabilidad, terminará en litigio en los
tribunales federales debido a que la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (artículo 6, sección 8) establece claramente que la deuda
tendrá privilegio en el orden de pago, y de no hacerlo, entraría en
contradicción con la cláusula del menoscabo de las relaciones contractuales. Es
harto conocido, que el argumento de menoscabo fue utilizado por los fondos de
cobertura en el caso de reestructuración de la deuda en Argentina para exigir
el cumplimiento específico de lo pactado y no aceptaron los términos de la
negociación. En Puerto Rico parte de la deuda está en manos de fondos de cobertura, los cuales pueden
asumir una postura contraria a la negociación (como lo hicieron con Argentina),
y forzar más recortes al gasto público y aumentos escalonados en el servicio de
la deuda.
Propuesta: Informe FMI
Ante el fracaso de múltiples intentos de renegociación y
reestructuración de la deuda por mecanismos legales e institucionales, en el
cual un tercero sea árbitro especializado en el proceso, el gobierno de Puerto
Rico comisionó un estudio a tres asesores vinculados al
Fondo Monetario Internacional. Las propuestas del estudio estaban diseñadas
bajo el marco de las políticas económicas por el lado de la oferta (“supply
side economics”), en donde se proponían medidas de ajuste estructural en el
cual se redujeran los costos de producción (particularmente trabajo), se
realizara una reforma contributiva con mayor peso en impuestos a la propiedad
inmueble e impuestos indirectos (se eliminarían los directos), y se continúen
recortes drásticos en el presupuesto del fondo general. Las conclusiones son de
carácter estándar, estableciendo que estas políticas acercarán la economía
local al equilibrio de mercado y a la convergencia en el pago de “factores de
producción”; lo que comenzará a tener efectos positivos en el mediano plazo y
logrará bienestar en el largo plazo.
La discusión actual del informe tiene su base en que la
mayoría de las propuestas del mismo para reducir costos de producción
(disminución de salario mínimo, reducción de protección laboral, leyes de
cabotaje) se encuentran bajo el amparo de las leyes federales, las cuales
aplican a Puerto Rico por vía de la Ley 600, aprobada en 1950 por el Congreso
de los Estados Unidos. Esta limitación en el rango de acción del Gobierno local
determina que las políticas que se pueden aplicar internamente son mínimas, por
lo que la propuesta general de regresar al equilibrio de mercado queda anulada.
No obstante, el problema de la deuda y la contracción económica siguen teniendo
efecto directo sobre los trabajadores y las empresas del país.
Conclusión
La depresión que ha caracterizado la economía de Puerto Rico
en las primeras décadas del siglo XXI es el resultado de un sinfín de factores
a corto, mediano y largo plazo, que van desde una política industrial fallida
hasta las limitaciones intrínsecas por operar dentro del marco legal de los
Estados Unidos. Todas estas dimensiones le han dado forma a un modelo económico
de extracción de riqueza donde los salarios no se mueven a la par con la
productividad, gran parte de la riqueza creada y las ganancias derivadas no son
reinvertidas en el país, y la deuda es utilizada para saquear la riqueza que sí
permanece en la isla. Bajo estas condiciones no es sorprendente que se haya
creado una caída en espiral de la economía con un significativo costo social.
Los diferentes partidos políticos en el poder han demostrado
continuidad al proponer y aplicar políticas de corte neoliberal que contribuyen
a ampliar la crisis fiscal y socavar cualquier potencial para recuperación de
la economía. El ataque al sector público es el que más salta a la vista, y el
que uno esperaría que provocaría la explosión social, pero las distintas
válvulas de escape (emigración, transferencias federales, etc) y la violencia
del Estado han logrado mitigar el tipo de protesta masiva
anti-neoliberal que otros países, como Grecia, Argentina y España, han
experimentado en los último años. Sin embargo, cada vez son más las voces de
avanzada entre la ciudadanía que reclaman un cese de las políticas de
austeridad y el inicio de un nuevo modelo de desarrollo que priorice el gasto
social por encima del gasto de la deuda. La pregunta de rigor es si la
estructura de relaciones de poder prevaleciente puede acomodar tales reclamos.
Dado la historia reciente, entendemos que no.
Nota: Los autores acaban de publicar
en la revista Jacobin de NYC una versión ampliada de este artículo, con el
título: The Origins of the Puerto Rican Debt Crisis. More neoliberla policy won't help Puerto Rico solve
its debt crisis
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