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| @ David Ho |
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| Especial para La Página |
En su reciente viaje furtivo a Colombia, el candidato de la
oposición afirmó que “Colombia ha logrado
reducir la violencia” y se refirió a Medellín como el ejemplo a seguir.
Conviene que HCR se informe mejor, porque si bien es cierto que hasta el 2007 venía reduciéndose la tasa de
homicidios en esa ciudad, como consecuencia de la salida del juego del capo del
narcotráfico Pablo Escobar y de la entrega
negociada con el gobierno de Uribe con el jefe narcoparamilitar de
Antioquia “Don Berna”, a partir de ese año viene incrementándose nuevamente el
índice de homicidios, el cual según cifras de la Policía Nacional llegó a 2.023
en el 2010, equivalente a 74.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Hay que recordar que aún cuando se produjo una
desmovilización de los jefes paramilitares que confiaron que Uribe no los
extraditaría a EEUU, se estima que permanecieron activos más de 23.000 de
ellos. Es así como el gobierno logró mediante un pacto con los paracos un cese al fuego temporal, que
luego rompió al enviarlos al norte para su enjuiciamiento. A partir de esta
ruptura se ha venido desarrollando la reorganización y el enfrentamiento entre
las bandas criminales (BACRIM) de narcoparamilitares por el control de los
territorios, las cuales se fortalecieron en el gobierno de Uribe mediante
la penetración de instituciones claves
del Estado colombiano como la Fiscalía, el Parlamento y el DAS. La nueva ola de
violencia en Medellín y otras ciudades colombianas sigue estando asociada al
narcotráfico, la extorsión, el paramilitarismo y a la delincuencia común.
Este repunte de la criminalidad en Colombia demuestra cuán
endeble y contradictoria fue la llamada “política de seguridad democrática” de
Uribe, con sus falsos positivos, sus
fosas comunes, sus “chuzadas” y su entrega
de la soberanía colombiana al imperio. Esta,
al ser exhibida en Venezuela por HCR y su edecán Leopoldo López como un
paradigma, revela su extravío de la
realidad y reafirma su adhesión al modelo de seguridad uribista violador de los
DDHH. Además, al manejar la seguridad como un asunto exclusivo del gobierno nacional, pretende ocultar sus magros resultados en esa
materia como gobernador de Miranda.
