como la Ley Habilitante.
Las anteriores medidas denotan la voluntad
del gobierno por hacerle frente a los altos niveles de desabastecimiento, que
para el mes de octubre alcanzaron la cifra record del 22% (según los cálculos
del Banco Central) y de inflación, que en el acumulado de enero a octubre del
presente año llegó al 54%.
Está en juego la posibilidad de
consolidación de la Revolución Bolivarianay su perspectiva estratégica, el
socialismo del siglo XXI, frente a los embates de la derecha económica y
política, que encarnan el retorno del neoliberalismo, en el escenario de una
intensa lucha de clases que se ha radicalizado a partir de la muerte de Hugo
Chávez y la estrecha victoria de Maduro en las elecciones del mes de Abril.
Ante la extrema polarización política que ha
afrontado la hermana Nación, se han impulsado varios intentos por consolidar
una economía de carácter dual, dándole margen a la participación privada en el
desarrollo del aparato productivo nacional, con la expectativa de apaciguar las
contradicciones derivadas de la disputa por la renta petrolera.
Es así queel gobierno, luego de asegurarse
el dominio para el Estado de la renta petrolera y el manejo de todos los
dólares que ingresaban al país a través del control de cambios, implantó
mecanismos como el Dólar Permuta –que estuvo vigente hasta la crisis bancaria
de 2009-, para facilitar la compra de dólares y su giro al exterior por parte
de los privados, dólares derivados de la renta petrolera y que eran
suministrados por PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Y el SITME (Sistema de
Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera), para permitir la compra de
bonos de deuda pública y de PDVSA, permitiendo su venta en dólares tanto en
Venezuela como en el exterior.
Dichas medidas no surtieron el efecto esperado. El sector privado, en contubernio con sectores de la burocracia estatal, utilizaron los dólares recibidos en actividades de tipo especulativo, como la reventa de los títulos de deuda a la tasa de cambio vigente en el mercado negro de dólares, o fraudulentas, como lasobrefacturación de importaciones, la cual ha llegado a representar el 20% del valor total de las importaciones. Todo esto, bajo un escaso e ineficaz control estatal en la asignación de divisas. Entre tanto, la economía se hacía más importadora y menos productiva, y por tanto, más dependiente de la renta petrolera, mientras tenía lugar una constante fuga de capital hacia el exterior producto de los entuertos.
Este modelo mixto, por ende, presenta un
alto grado de desgaste, que se evidencia en el sabotaje que actualmente padece el
país. Estamos en presencia de un fortalecimiento del poder de clase de la
burguesía local y el apuntalamiento de un segmento social derivado de la
burguesía estatal, conocido como boliburguesía, a partir de la apropiación de
dicha renta petrolera a través de los mecanismos descritos, además, por el
manejo discrecional sobre las importaciones que tiene el sector empresarial.La
gravedad de este hecho radica en la magnitud de dicha renta, que según cifras
suministradas por PDVSA revelan que entre 1999 y 2009 el Estado obtuvo ingresos
que ascendieron a los 383.233 millones de dólares provenientes del petróleo.
En cuanto a la boliburguesía, vale decir,
ha jugado un papel nefasto en el impulso del sistema productivo, estimulando la
subutilización de la capacidad instalada de varios segmentos industriales y
frenando la inversión estatal hacia estos, además de obstaculizar las iniciativas
de control obrero de la producción, clima favorable para la importación y
posterior sobrefacturación de materias primas industriales. Este es el caso de
empresas como SIDOR, productora de aluminio y con Bauxilium, que es productora
de bauxita, que hanvisto disminuir susniveles de productividad; o con TAVSA,
productora de tubos de acero, cuya producción se ha paralizado.Cabe anotar, que
estos actos bochornosos, que deterioran al patrimonio del pueblo venezolano,
han sido denunciados por diversas organizaciones sindicales, además de los
muchos actos de corrupción al interior de dichas empresas, así como el
incumplimiento con el pago de sus salarios.
Lo anterior arroja evidencias suficientes
sobre los límites de las estrategias de conciliación con el empresariado
nacional. La actual desestabilización de la economía venezolana se corresponde con
el propósito de debilitar al gobierno, haciéndolo ver como responsable del
desabastecimiento y de la inflación, que es inducida por el mismo
desabastecimiento. El objetivo final es acaparar la renta petrolera.
Por tanto, del lado de la burguesía, solo
se terminará la tentación de desestabilizar la economía, si las medidas del
gobierno permiten una mayor apropiación de dicha renta o su control definitivo. Lo
cual resulta especialmente grave, ya que esta renta le ha permitido al chavismo
sostener los avances en materia de calidad de vida de las clases populares,
como son, por ejemplo, la reducción de la pobreza, que para 1998 correspondía
al 50,4%de la población, pero al finalizar el 2011, alcanzaba al 31,9%; y de la
pobreza extrema, que pasó del 23% al 8% para el mismo periodo.
Del lado de la clase trabajadora, lo
deseable es la nacionalización del comercio exterior, acompañada por una fuerte
inversión de la renta petrolera dirigida hacia el desarrollo del sector
productivo y del control obrero de la producción, medidas que deben respaldarse
en una fuerte y decidida movilización social. Esto, en un escenario de
crisis mundial del capitalismo en lo económico, social, cultural y ambiental,
en donde Venezuela representa un eje importante y decisivo de la lucha de
clases a escala internacional. La movilización mundial de los trabajadores sigue
avanzando, en franca batalla contra la agudización de la barbarie y la destrucción
de la vida humana, con sus guerras, hambrunas e infamias de todo orden.
En Venezuela, optar por una opción
diferente a la de fortalecer y movilizar a los trabajadores equivale a
debilitar su poder de clase frente a la derecha económica y política,
exponiéndolos a la pauperización y la desmoralización definitiva. Tal cual como
pasó en Chile, donde se aplastó el gobierno de la Unidad Popular de Allende, y
la clase trabajadora, aparte de desmoralizarse acabó bañada en sangre ante la
arremetida de la derecha de ese país.
Cristian Fabián Bejarano Rodríguez es estudiante
de economía de la Universidad La Gran Colombia, y Oscar Andrés Espitia Lombo es
Economista. Estudiante de la maestría en Estudios políticos Latinoamericanos de
la Universidad Nacional de Colombia. Profesor universitario.
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