Antonia Ma. Medina
Guerra
La lengua, como producto social que es, se ve a veces
condicionada en su uso por factores extralingüísticos, algunos de ellos de
marcado carácter ideológico. Y siempre que tras los usos lingüísticos se
esconden motivaciones ideológicas se suscitan acalorados debates de los que se
hacen eco los medios de comunicación. Piénsese, por ejemplo, en los que
provocaron el nombre del idioma o la planificación lingüística de distintas
comunidades autónomas. No podemos sorprendernos, pues, que otro tanto ocurra
con los llamados procedimientos igualitarios.
Como es sabido, el interés por las alternativas para
erradicar el sexismo lingüístico viene a coincidir en España con la llegada de
la democracia. Así, una sociedad que aspira a alcanzar la igualdad entre los
sexos comienza a demandar unos usos lingüísticos más acordes con la nueva
realidad. Es cierto que no todos los recursos igualitarios merecen la misma
consideración atendiendo a las normas gramaticales vigentes (unos son
agramaticales como la @, otros lentifican el discurso como el uso abusivo de
los desdoblamientos y otros como los abstractos o los colectivos, por ejemplo,
son rentables y de utilidad en muchos contextos); pero, en mi opinión, merecen
respeto en tanto que intentan dar respuesta a una demanda social: no estando de
más recordar que es la lengua la que está al servicio de la sociedad y debe
responder a sus necesidades, y no a la inversa.
