Ricardo Sánchez Ángel | El 23 de septiembre de 2015 se firmó en La
Habana el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz entre el
presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de las FARC,
Timoleón Jiménez. Constituye un avance sustancial en el proceso y puede ser la
senda correcta para acordar el final de la guerra. No obstante, el camino sigue
siendo culebrero, como lo muestran las reacciones e interpretaciones diversas
que han surgido desde el mismo gobierno, el congreso, los medios de comunicación
y la opinión pública respecto a dicho acuerdo. Sin embargo, el apoyo nacional e
internacional ha sido unánime, con la excepción del Centro Democrático, con su
jefe el senador Álvaro Uribe, que se opone a rajatabla.
Luigi Ferrajoli, destacado jurista italiano,
en entrevista con Cristina Castro, editora de la Revista Semana, ante la
pregunta “Esta semana se anunció el acuerdo de justicia con las FARC. ¿Cómo se
resuelve ese dilema de lograr cesar la guerra pero no tener impunidad? ¿Cuánta
justicia cree usted que soporta una paz como la que queremos firmar?”, sostuvo:
“Yo no creo que exista ese dilema. La paz es un valor supremo. Sin paz no hay justicia, no hay democracia, no se puede garantizar ningún derecho fundamental. Desde Thomas Hobbes, la paz ha sido teorizada como la finalidad misma del contrato social. La salida del Estado de guerra al Estado civil se hace con la instrumentalización del derecho al servicio de la paz. En este sentido no hay ninguna contradicción entre paz y justicia. La paz es un presupuesto de la justicia”[2].
