Especial para La Página |
Vivimos en un Estado que tolera la impunidad de crímenes de
lesa humanidad entre sus muros de silencio. Los ciudadanos sufrimos impotentes
cuando escuchamos las historias que conforman la criminal trata de robo de
bebés que se produjo en España entre los años 40 y los años 90. Y, sin embargo,
este Estado, a través de sus diferentes gobiernos, intenta hacernos creer que
no puede hacer más que lo que hace: transmitir compasión y lástima.
Pero nosotros tenemos la obligación moral de denunciar que
precisamente este Estado es responsable y cómplice, por su falta de voluntad
política, de aquella trama creada y organizada por motivos ideológicos en pleno
franquismo. Trama que continuó hasta los años 90 convertida en un oscuro
negocio.
Es curioso. Este mismo Estado que se preocupa y legisla para
arrebatar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, se
despreocupa a su vez de aquellos bebés que les fueron arrebatados a miles y
miles de familias. A veces incluso es peor, como cuando emite comunicados y
notas de prensa de contenido ambiguo que generan vanas esperanzas entre las
víctimas. Sin embargo, nunca concretan ni una solución real que permita, por
ejemplo, la creación de un banco de ADN que sea la base angular en la
posibilidad de reencuentro de las familias. Algo que ya existe en otros países
como Argentina y Guatemala.