Especial para La Página |
Cuando
la señora Ministro del Trabajo sostiene que cualquier alza en el sueldo mínimo
significa un deterioro en los índices de empleo está delatando la precariedad
de un modelo económico y, al mismo tiempo, los límites de una democracia
defectuosa. Según el argumento de la Ministro, cada 10 puntos de aumento en el
salario mínimo implicaría tres puntos en la pérdida de empleos. Por lo tanto,
cualquier pretensión por alcanzar un “salario ético”, tal y como han demandado
los trabajadores y que supera en 30% el estándar actual traería como
consecuencia un descenso de 9 puntos en el empleo. Lo que afirma la autoridad
ministerial es que cualquier alza en los salarios solo es admisible si hay un
alza en la productividad.
Es
claro que un modelo económico entre cuyas “ventajas comparativas” destacan los
bajos salarios está muy distante de cualquier consideración “ética”; Es más, la
precariedad laboral y los sueldos bajos son parte constitutiva de su permanencia
y de su “éxito”. Ello explica el férreo condicionamiento político que ejercen
los sectores empresariales y que se proyecta en la legislación laboral. El
“modelo chileno” solo es viable si el ámbito político se subordina y se
identifica con las demandas del orden tecno económico. Desde una perspectiva
crítica, esto pone en evidencia la vulnerabilidad de un tinglado económico que,
como pocos, es estrechamente dependiente de las variables políticas.